A menudo, cuando nos encontramos ante un proceso judicial, nos planteamos la necesidad de contar con ciertos profesionales que nos asistan en el proceso. Si bien es habitual pensar en un abogado, el papel del procurador puede no ser tan evidente para muchos. Sin embargo, en el sistema legal español, el procurador cumple una función crucial. ¿Por qué necesitamos un procurador? Aquí te lo explicamos.
En muchos procesos judiciales, especialmente en el ámbito civil y mercantil, la presencia de un procurador es obligatoria. Esto se debe a que el procurador ostenta la representación técnica del cliente ante el tribunal, permitiendo que se cumplan de forma adecuada todos los trámites y actos procesales que requiere el procedimiento.
El procurador es un especialista en la tramitación procesal. Esto significa que conoce en detalle todos los plazos, formas y requisitos que se deben cumplir en cada tipo de proceso. Esta especialización asegura que no se incurra en errores que puedan retrasar o complicar el proceso, o incluso llevar a la desestimación del caso.
El procurador actúa como intermediario entre las partes (o sus abogados) y el tribunal. Recibe notificaciones, escritos y otros documentos, garantizando que la información fluya de manera correcta y en tiempo. Esta labor de comunicación es esencial para el buen desarrollo del proceso.
Al contar con un procurador, el abogado puede centrarse en la estrategia legal, en la defensa de los intereses del cliente y en los aspectos sustantivos del caso. El procurador se encargará de las cuestiones formales y procesales, permitiendo una división de tareas que beneficia al cliente.
La intervención de un procurador en el proceso otorga una mayor seguridad jurídica. Es una garantía de que todos los trámites se están realizando correctamente y conforme a la ley. Además, al tratarse de un profesional colegiado, el cliente cuenta con una figura que está sujeta a un código deontológico y a una regulación profesional.
Si bien es cierto que en algunos procesos la intervención del procurador no es obligatoria, su presencia aporta una serie de ventajas y garantías que pueden ser determinantes para el éxito de un litigio. La especialización, el conocimiento procesal y la capacidad de gestión de un procurador son activos valiosos en cualquier proceso judicial, y razones de peso para considerar su contratación.
